La economía uruguaya creció 0,9% en el primer trimestre del año respecto al período inmediato anterior, según el reporte trimestral del Banco Central (BCU), y quitados los efectos de estacionalidad. De esta manera, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 1,2% comparado con igual un año atrás, enero-marzo de 2022. Eso se dio pese al impacto negativo de la sequía.
En 2022 el gobierno celebró haber ahorrado 900 millones de dólares, y 700 millones de dólares se ahorraron por la vía de la caída del salario real de los funcionarios públicos y caída de las pasividades. En su momento planteo un objetivo o una previsión de crecimiento de la economía que implica en cifras que Uruguay va a ser 5.400 millones de dólares más rico al final del período que al principio, y sin embargo, en términos de salario real el objetivo, en el mejor de los casos, es equipararlos. Eso quiere decir que la teoría del derrame no funciona y esos millones de dólares se lo apropian no los trabajadores, no los pasivos, sino, en términos del presidente de la República, los malla oro.
Y los números están a la vista. Un estudio realizado por el Instituto Cuesta Duarte revela que en 2022 se registraron 100.000 personas más con salarios sumergidos que en 2019, es decir inferiores a 25.000 pesos líquidos al mes.
El mercado laboral uruguayo continúa mostrando una alta proporción de trabajadores con ingresos por el trabajo sumergidos, fenómeno que se agravó desde 2019. El estudio muestra que en 2022 se registraron unos 549.000 ocupados con ingresos inferiores a $25.000 líquidos al mes por 40 horas semanales de trabajo, casi 100.000 más respecto a los 452.000 de 2019. Entre los asalariados, la cantidad de trabajadores con salarios sumergidos menores a $25.000 líquidos al mes ascendió a 322.000, unos 55.000 más respecto a los observados en 2019.
Los salarios sumergidos afectan en mayor medida a los jóvenes, a los residentes en el interior del país y a las mujeres. Además, se presentan con mayor intensidad entre los trabajadores privados y entre quienes no cotizan a la seguridad social. Los sectores de actividad más afectados son el servicio doméstico (49%), rural (47%), comercio (44%) y restoranes y hoteles (44%).
Con información de Caras y Caretas.
