A partir del próximo 1º de noviembre entrará en vigencia el Decreto 436/2007 que establece la prohibición de inicio de todo tipo de fuegos, a excepción de casos puntuales que se detallan en la redacción, y que se extenderá hasta el 30 de abril de 2023.
Como todos los años, distintas instituciones del Estado junto a diversos actores de la sociedad civil trabajan en conjunto en el marco del “Plan General de Acción para la Prevención, Alerta y Respuesta a los Incendios Forestales”.
El Decreto 436/007 establece tres cuestiones fundamentales: la prohibición de la realización de fuegos y quemas desde el 1º noviembre hasta el 30 de abril ,el mandato de mantener limpios los predios, de extremar el cuidado en el uso de fuegos artificiales.
Asimismo determina excepciones, entre las que se destacan: que los restos de poda y la hojarasca podrán ser quemados durante la vigencia de la prohibición, solamente bajo la supervisión de un servicio contratado.
Que se exceptúan de esta prohibición las quemas que se realicen en zona urbana y no revistan riesgo de propagación.
Las herramientas legales resultan muy importantes para la prevención de incendios forestales y de campo, ya que el 95 % de los incendios son provocados por las personas. La mayoría de las veces se debe a descuidos e imprudencia y en menor medida a intencionalidad. En todos los casos esas conductas son penadas por nuestras leyes.
Artículo 206 del Código Penal: “El incendio es un delito con una carga penal de entre 12 meses de prisión y 16 años de penitenciaría”.
Artículo 2 de la Ley 15.896: “Las multas se graduarán de acuerdo a su gravedad, entre 10 y 200 unidades reajustables”.
Artículo 90 del Código Rural: quien hace quemazón de campos está obligado a la “reparación de todos los daños y perjuicios que ocasionare”.
